Juan Carlos Monzón tiene una orden de captura vigente por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita.
Durante casi una hora, el jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, resumió la investigación que durante casi un año desarrollaron junto al Ministerio Público (MP), y que los llevó a develar una estructura que cobraba sobornos a los importadores a cambio de evadir el pago de tributos en las principales aduanas portuarias del país.
La estructura, denominada La Línea, cobraba entre Q20 mil y Q100 mil por permitir el ingreso de contenedores sin el pago de los impuestos correspondientes. La CICIG documentó conversaciones telefónicas, comunicaciones electrónicas y reuniones que sostienen la imputación en contra de los 21 detenidos hasta el cierre de esta edición. “No dependemos de un solo testimonio”, dijo el comisionado Velásquez en conferencia de prensa junto a fiscales del MP y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
La red estaba estratificada en tres capas, según explicó Velásquez: En la base se ubica a tramitadores y vistas de aduanas. En la mitad, a los mandos medios y altos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) –como el ex superintendente Carlos Muñoz y el actual jefe de la SAT, Omar Franco, y los administradores de las aduanas en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla– que respondían a una cúpula de actores externos con tal incidencia política, que lograron que el presidente Otto Pérez nombrara a Franco.
En la cúspide figura el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, el presidente del diario Siglo 21, Salvador Estuardo González y Francisco Javier Ortiz Arriaga, conocido como el Teniente Jerez desde su participación con la red Moreno dedicada al contrabando en la década de los noventa.
El monto de la defraudación aún no ha sido determinado, pero en una semana un miembro de la red podía llegar a obtener hasta Q2.5 millones, indicó Velásquez.
La investigación comenzó a partir de la ausencia de denuncias de defraudación aduanera durante dos años y del caso “furgones”, en el que se determinó que entre 2011 y 2012 un grupo de tramitadores facilitaba a los importadores un número telefónico para que se comunicaran a La Línea, como se autodenominó la estructura, según Velásquez.
soborno a cambio de rebaja
El grupo criminal alteró los procedimientos normales de revisión y ajuste de impuestos establecidos en las aduanas. Entre mayo de 2014 y febrero 2015, al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura, explicó Velásquez. Cuando el contenedor era objeto de la verificación aleatoria –conocido como semáforo en rojo– en lugar de seguir el procedimiento y señalar que no se estaba declarando lo que correspondía, intervenía La Línea.
Mediante una llamada telefónica, se definía el valor del impuesto que debía pagar el contenedor, pero también el monto del soborno o “cola”. En ocasiones, el pago se efectuaba con depósitos a cuentas bancarias. Con ese mecanismo, los importadores pagaban entre un 30 y 40 por ciento menos de lo establecido.En la segunda etapa de las pesquisas, entre octubre de 2014 y enero de 2015, (que coincide con el nombramiento de Franco como jefe de la SAT) se detectó la incursión de el Teniente Jerez en la capa media del grupo.
“El negocio estaba ya tan grande que necesitaban de tanta experiencia, pues él mismo (Ortiz Arriaga) afirma que tiene una experiencia de mas de 18 años; es que yo no soy nuevo en eso, son más de 18 años trabajando en la defraudación aduanera”, dijo en una de las llamadas interceptadas, explicó Velásquez.
El comisionado detalló que Giovanni Marroquín Navas, quien sin ejercer realmente un poder, era el enlace de comunicación entre la estructura superior que pretende estar ajena y oculta, y la estructura media que es la que da la cara a toda la otra estructura corrupta.
El dinero que captaban de los sobornos se distribuía en efectivo o por medio de cuentas bancarias. Ortiz Arriaga tenía como responsable a Roberto Antonio Ramírez de Paz para manejar las exacciones que obtenían de Puerto Quetzal y Aduana Central; y a Jorge Alfredo Guillén Sagastume, para los ingresos ilícitos de puerto Santo Tomás de Castilla.
El dinero se depositaba en una cuenta bancaria a nombre de Corpogold, que pertenece a la Company Gold S.A., representada por Delfino de Jesús Morataya Coloma, empleado y conductor de Ortiz.
Según las pesquisas, los miembros de la estructura se repartían las ganancias en “la oficinita” ubicada en la Boutique Emilio, en la zona 10 capitalina, propiedad de Luis Mendizábal.
Por la tarde, un camión de valores trasladó de ese negocio decenas de fajos de billetes de Q100 y Q200 a un resguardo judicial. En total se incautaron Q5 millones en cinco inmuebles, según el MP.
En las manos de Marta Sierra
No menos de 45 órdenes de aprehensión contra los miembros de la estructura fueron giradas por la titular del Juzgado Octavo de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling.
La juzgadora definirá el futuro de este caso. Hoy empezará a escuchar a las 20 personas capturadas ayer y podría resolver ligarlas a proceso, y enviarlas a prisión preventiva.
Sierra de Stalling es la hermana de José Arturo Sierra, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad.
La jueza participó en la pasada contienda por las magistraturas de la CSJ y Salas de Apelaciones, pero fue excluida al inicio del proceso.
Una mafia que inició en la década de los setenta
En noviembre de 2002, Jose Rubén Zamora publicó un reportaje denominado ‘La mafia y el Ejército’, en donde da a conocer que la estructura de contrabando fue creada a finales de la década de los setenta con propósitos contrainsurgentes.
Posteriormente, la organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas amplió sus tentáculos y penetró en otras instituciones clave del Estado para dedicarse al contrabando, robo de furgones de café, narcotráfico, tráfico de ilegales, robo de vehículos, secuestros y asaltos a bancos, entre otras actividades ilícitas.
La organización criminal se ha mantenido intacta por más de cuatro décadas. Ha sobrevivido y superado con éxito dos golpes de Estado, tres intentos fallidos de golpes de Estado, una Asamblea Nacional Constituyente, cinco elecciones generales, dos consultas populares, la depuración del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma han operado con impunidad durante los gobiernos de Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores, Vinicio Cerezo, Jorge Serrano y continuaron operando con total impunidad durante los siguientes periodos gubernamentales. Su poder se intensificó durante el gobierno de Alfonso Portillo y se afianzó cuando tomó posesión el militar Otto Pérez Molina.
Zamora señalaba a miembros de la cúpula militar como sus principales líderes, quienes utilizaron el soporte, poder e infraestructura que proporciona la jefatura del Estado Mayor del Ejército, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia y el Estado Mayor Presidencial.
Durante el gobierno de Álvaro Arzú, fue capturado Alfredo Moreno (fallecido), uno de los principales testaferros de la red delincuencial. Moreno fue condenado a una pena leve, pero los principales cabecillas permanecen en la impunidad.
Durante ese periodo fueron dados de baja del Ejército los tenientes coroneles Jacobo Esdrás Salán Sánchez, Rolando Augusto Díaz Barrios, Juan Oliva Carrera, Luis Alvarado Batres y el mayor Napoleón Rojas Méndez. Roberto Letona Hora y el general Francisco Ortega Menaldo se retiraron luego de que circularan fotografías comprometedoras entre ambos y Moreno y otros delincuentes, incluido el expresidente Alfonso Portillo, quien fue señalado de recibir dinero de la red criminal por sus servicios como analista político.
La publicación del reportaje tuvo como consecuencia el allanamiento a la vivienda de Zamora, quien permaneció junto a su familia secuestrado por varias horas. Miembros del Estado Mayor Presidencial y del Ministerio Público simularon la muerte de Zamora en tres ocasiones.
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